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martes, 7 de diciembre de 2010

“C., H. O. c/ C., E. D. s/ Daños y Perjuicios”. Contrato de Pastaje Rural. Responsabilidad por Muerte de los Animales




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Contrato de pastaje rural. Muerte de animales. Responsabilidad.

La SCBA ratificó la sentencia de cámara en la cual se atribuyó la responsabilidad al demandado por la muerte de 111 semovientes, provocada por la ingesta de un vegetal altamente tóxico. El demandado había asumido como obligaciones propias emergentes del contrato celebrado, las de facilitar el pastaje y la bebida necesaria de los animales, así como mantener el campo cercado. Presentado el recurso de inaplicabilidad de ley el mismo fue rechazado sosteniéndose que resultaba inatendible la denuncia de haberse omitido la aplicación de los arts. 1124 y 1126 del Código Civil, en razón de que tales normas edictan sobre la responsabilidad de los propietarios o guardianes de animales domésticos o feroces, por los daños que éstos pudieran eventualmente provocar, supuesto de hecho netamente diferenciado del de autos en el que el daño que se reclamaba era el derivado de la muerte misma de los animales y no el provocado por éstos.

SCBA, C., H. O. c/ C., E. D., 6/10/2010

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Fallo:

En la ciudad de La Plata, a 6 de octubre de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, de Lázzari, Hitters, Negri, se reúnen los seño-res jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 105.937, "C., H. O. contra C., E.D. . Daños y perjuicios".

ANTECEDENTES

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen revocó la sentencia apelada en cuanto había imputado el cuarenta por ciento de responsabilidad al actor, y condenó al accionado como exclusivo responsable de la indemnización fijada en la instancia anterior, a la cual sumó una cantidad dineraria por el rubro daño moral.

Se interpuso, por el demandado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. H. O. C. promovió demanda en reclamo de una indemnización de daños y perjuicios contra E. D. C. por incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de pastaje rural oportunamente celebrado entre las partes, cuya copia certificada luce glosada a fs. 8 de estos obrados (v. fs. 43/52).

Refirió el actor que en mérito del negocio celebrado el día 1 de diciembre de 2002 ingresaron al establecimiento rural del accionado conocido como "Las Tías", en el partido de Daireaux, 339 vacunos de su propiedad para que pastaran en lotes o potreros que el dueño de la estancia determinaría, quedando los animales a cargo del personal de la misma. Que la relación negocial discurrió normalmente hasta que el día 15 de abril de 2003, personal del citado establecimiento le comunicó que numerosos animales de su propiedad se estaban muriendo. Habiéndose constituido en el campo juntamente con un notario, un médico veterinario y un fotógrafo a fin de verificar tal circunstancia, pudo constatar la muerte de 111 semovientes que estimó provocada por la ingesta de un vegetal altamente tóxico conocido vulgarmente como "duraznillo negro", existente en un monte lindante con el potrero asignado para el pastaje, siendo que el alambre electrificado que supuestamente debía impedir el paso de los animales no estaba colocado o se había caído. Deducida la cantidad del 3% que estimó en concepto de mortandad natural, atribuyó al demandado la responsabilidad por los perjuicios, el lucro cesante y el daño moral provocados por la muerte de 106 animales (v. fs. 43/52).

Corrido el traslado de ley se presentó el accionado negando haber incumplido obligación alguna a su cargo. En tal sentido, explicó que su parte se obligó lisa y llanamente a ceder pastaje a los animales del actor sin haber asumido ninguna otra obligación adicional o consecuente como se desprende con toda claridad de la letra misma del contrato. Afirmó que no estaba a su cargo el cuidado ni la vigilancia de los animales, tampoco su manejo ni control sanitario (v. fs. 81/103).

El señor juez de origen hizo lugar parcialmente a la demanda, dejando establecida la responsabilidad concurrente de ambas partes por la muerte del ganado, fijándola en un 40% a cargo del actor y un 60% a cargo del demandado, porcentajes considerados para el rechazo y el progreso de la pretensión indemnizatoria incoada, a la vez que en igual proporción para la distribución de las costas causídicas (v. fs. 259/277).

II. Apelada la decisión por ambas partes, la Cámara la revocó en cuanto a los porcentajes de responsabilidad establecidos, atribuyéndola en su totalidad al demandado, debiendo en consecuencia este último cargar con el pago de la indemnización que se fijara, con más la suma de $ 7500 en concepto de daño moral, rubro que había sido rechazado en la etapa anterior, intereses y costas (v. fs. 318/325).

En lo que interesa poner de resalto, en atención al alcance del remedio extraordinario deducido, el tribunal a quo basó su decisión en que:

1. El demandado había asumido como obligaciones propias emergentes del contrato celebrado, las de facilitar el pastaje y la bebida necesaria de los animales así como mantener el campo convenientemente cercado (v. fs. 318 y vta.).

2. La muerte de los vacunos de marras se había producido por la ingesta de "duraznillo negro" en cantidad letal, no encontrándose esa planta en el potrero en el cual pastaban los animales sino en un monte lindero. De modo que para consumir la hierba tóxica la hacienda había debido necesariamente trasladarse al sitio donde crecía, esto es, al monte vecino (v. fs. 318 vta.).

3. Si una de las obligaciones reconocidamente asumidas por el concedente había sido la de mantener el campo convenientemente cercado, va de suyo que ese débito ‑a fuer de ser apropiado a su fin- comprendía no sólo tener un cerco efectivo para cerrar el tránsito de los animales hacia lugares no aptos para su apacentamiento, sino mantenerse alerta ante cualquier hecho que pudiera quebrar esa barrera o tornarla inepta, facilitando una libertad peligrosa para las reses (v. fs. 319 vta.).

4. Siendo que la ingesta de "duraznillo negro" en ciertas cantidades produce el deceso del animal en un lapso de tres a cinco días, la brecha en el cerco que permitió el pasaje de los animales hacia el lugar donde crecía la hierba debió haber ocurrido al menos tres días antes de ser avistados los primeros animales muertos, período durante el cual había pasado desapercibido para el dador. Tratándose de un alambre eléctrico su vigilancia debió haber sido más extremada, en consideración a las mayores posibilidades de contingencias que afectasen su funcionamiento eficaz y que era facultad del dador cambiar la hacienda de potrero, lo que habría podido hacer de percatarse a tiempo de la falencia en el vallado, recortándose así con nitidez la negligencia culpable del accionado (v. fs. 319 vta./320).

5. En cuanto al alcance de la cláusula tercera del contrato respectivo que reza: "EL PROPIETARIO no se responsabiliza por mortandad de los animales cualquiera fuera su índole u origen, como así tampoco por diferencias que existiesen en cantidad al retirar dicha hacienda", concluyó que aún cuando se interpretara como que el propietario del campo no debía ser considerado responsable del cuidado de la hacienda, no resultaba suficiente para liberarlo por los daños derivados del incumplimiento de una de las obligaciones expresamente asumidas por él: mantener el campo convenientemente cercado (fs. 91; arg. art. 1197 y concs. del Código Civil); obligación que sólo pudo tener el sentido de resguardar los animales, entre otras cosas, del consumo de pastos dañinos existentes en lugares cercanos a donde apacentaba la hacienda (v. fs. 320 vta./321).

6. Agregó que así hubiera sido a cargo del tomador cuidar y vigilar la hacienda, como también recorrerla para cumplir dicho fin y cambiarla a los potreros que se le indicaran, no se verificaba que de haber mediado incumplimiento imputable de su parte a esa obligación fuera computable como causa adecuada del daño ocurrido en el terreno de la responsabilidad contractual (art. 906 del Código Civil). Es que asumido por el demandado que las obligaciones a su cargo eran facilitar pastaje y bebida necesaria para los animales y mantener el campo convenientemente cercado, quedaba sin postulación cómo el eventual incumplimiento atribuido al actor podría obrar como causa exclusiva o concausa de la muerte de los vacunos, si el daño había ocurrido justamente por negligencia culpable en la observancia de aquella segunda prestación a cargo del dador, descontado que la guarda o custodia del ganado hipotéticamente a cargo del tomador no podía comprender aquellas mismas prestaciones asumidas como propias por el proveedor de los pastos (arts. 1197 y 1198 del Código Civil).

III. Contra esta decisión se alza el demandado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que expresa que la sentencia ha violado o inaplicado los arts. 512, 578, 579, 580, 582, 1124, 1126 y 1197 del Código Civil; 384 del Código Procesal Civil y Comercial; ley 5770 y su decreto reglamentario 4328, los usos y costumbres y la doctrina a que hace referencia. Asimismo denuncia absurdo en el pronunciamiento y hace reserva del caso federal (v. fs. 352/357 vta.).

IV. El recurso no procede.

1. No se advierte vulneración del art. 1197 del Código Civil conforme lo postula el quejoso. Es que la Cámara no ha ignorado las obligaciones de vigilancia y control de la hacienda a cargo del "tomador" del contrato de pastaje, sino que les ha atribuido un alcance que no es el que pretende el impugnante. Contrariamente a lo que se denuncia, tales obligaciones han sido objeto de detallada ponderación, arribándose en el pronunciamiento a la fundada conclusión de que aún la eventual fractura de las mismas no podría relacionarse causal o concausalmente con la mortandad de los animales.

Nótese que, conforme ha quedado establecido en autos, la causa adecuada del evento dañoso ha sido atribuida a la falta o deficiencia en el cercamiento del potrero donde debían pastar los semovientes, extremo que posibilitó que los mismos lo hicieran en el monte lindero donde crecía la hierba tóxica que les causó la muerte.

En este aspecto, sabido es que determinar la existencia de relación causal entre el hecho y el daño como también su ruptura constituyen cuestiones de hecho inabordables en casación salvo el caso excepcional de absurdo (C. 94.900, sent. del 7-II-2007; C. 96.486, sent. del 4-VI-2008; C. 95.666, sent. del 2-IX-2009; entre otras), vicio que no logra demostrar el recurrente.

El tenor de las obligaciones pactadas otorga razonable andamiaje al fundamento empleado por el sentenciante, al entender que aún considerando la obligación general de custodia sobre los animales -asumida por el tomador-, ésta debía considerarse totalmente desplazada por la incidencia causal de la especial asunción de la obligación de mantenimiento del cerco en óptimas condiciones -por el dador del pastaje-, cuyo incumplimiento específico permitió que los bovinos ingresaran al predio en donde ingirieron la pastura que derivó en el dañoso desenlace, sin que tal forma de apreciación y/o distribución de las colindantes obligaciones asumidas por las partes a los fines de establecer el adecuado nexo causal generador de los daños re-clamados, pueda ser tildada de irrazonable (art. 384, C.P.C.C.).

2. Tampoco luce absurda la atribución de responsabilidad al accionado que la Cámara establece por el incumplimiento de una de las obligaciones esenciales a su cargo, cual era la de mantener convenientemente cercado el potrero donde habrían de pastar los animales.

La simple negación de tal incumplimiento y la postulación de un obrar diligente, desde el parámetro conductal establecido por el art. 512 del Código Civil, así como los invocados usos y costumbres de estilo para este tipo de negocios, nada aportan a la tesis del embate que simplemente se contrapone a las contundentes razones ex-puestas por el sentenciante, sin que en tal fajina se logre evidenciar el quebrantamiento del art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial que se denuncia.

Es que cuando se pretenden impugnar las conclusiones de un pronunciamiento sobre las cuestiones fácticas de la litis no basta con presentar la propia versión del recurrente sobre el mérito de las mismas. Es menester realizar un juicio crítico de los razonamientos desarrollados en aquél y demostrar que padecen de un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias, incoherentes o inconciliables con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. C. 103.852, sent. del 11-XI-2009), deficiencia lógica extrema que, no obstante su denuncia, no logra acreditarse en la especie.

3. Finalmente, resulta inatendible la denuncia de haberse omitido la aplicación de los arts. 1124 y 1126 del Código Civil, en razón de que tales normas edictan sobre la responsabilidad de los propietarios o guardianes de animales domésticos o feroces, por los daños que éstos pudieran eventualmente provocar, supuesto de hecho netamente diferenciado del de autos en el que, huelga decirlo, el daño que se reclama es el derivado de la muerte misma de los animales y no el provocado por éstos.

V. Por lo brevemente expuesto, no habiéndose acreditado las transgresiones normativas denunciadas (art. 279, C.P.C.C.), ni el absurdo valorativo, corresponderá rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Las costas de esta instancia extraordinaria deberán imponerse a la recurrente que resulta vencida (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

Los señores jueces doctores de Lázzari, Hitters y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la cuestión planteada también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen al recurrente que resulta vencido (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

El depósito previo de $ 6567,29 efectuado a fs. 361 queda perdido para el recurrente (art. 294, C.P.C.C.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/2002 (texto resol. 870/2002).

Notifíquese y devuélvase.

EDUARDO JULIO PETTIGIANI - HÉCTOR NEGRI - EDUARDO NÉSTOR DE LAZZARI - JUAN CARLOS HITTERS

CARLOS E. CAMPS

Secretario

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